El revés de la Ley CLARITY puede retrasar los lanzamientos de criptomonedas en EE. UU., según expertos

El fracaso de la Ley CLARITY deja abiertas las cuestiones de jurisdicción

Kyle Bligen, director ejecutivo del Decentralization Research Center, declaró a crypto.news que el resultado del Senado fue decepcionante, pero no eliminó la necesidad de normas duraderas para los activos digitales.

«El Congreso sigue siendo la mejor vía para un marco integral de estructura del mercado», afirmó Bligen.

Ante la ausencia de legislación federal, Bligen instó a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y a la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) a utilizar sus competencias actuales para ofrecer una orientación más clara al sector. No obstante, advirtió contra la aplicación directa de normas diseñadas para intermediarios financieros tradicionales a sistemas descentralizados.

Según Bligen, la tarea política consiste en proteger a los consumidores y combatir la actividad ilegal sin imponer obligaciones a los desarrolladores u otros participantes que carecen del control necesario para cumplirlas.

«Ese trabajo no puede detenerse porque el proceso legislativo se haya estancado», afirmó.

La votación del Senado, de 50 a 49, se quedó a 10 votos de los 60 necesarios para invocar la clausura e iniciar el debate formal sobre la H.R. 3633. La clausura no habría convertido el proyecto en ley; solo habría permitido al Senado proceder con el debate.

Todos los demócratas participantes se opusieron a la moción, mientras que los senadores republicanos Susan Collins, Josh Hawley, Jerry Moran y Thom Tillis también votaron en contra. Tillis cambió su voto por razones de procedimiento, preservando una vía para que la cámara reconsiderara la moción.

Las disputas sobre ética gubernamental, recompensas de monedas estables y disposiciones bancarias continuaron antes de la votación. Los negociadores demócratas presentaron una contraoferta tardía, pero los legisladores no publicaron su texto completo antes de que el Senado actuara.

La Cámara de Representantes aprobó su versión de la Ley CLARITY en julio de 2025 por 294 votos a favor y 134 en contra, con el apoyo de 78 demócratas. Los republicanos ocupan 53 escaños en el Senado, lo que significaba que los partidarios del proyecto necesitaban los votos de al menos siete demócratas para superar el umbral de procedimiento.

En julio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, había presionado para que se celebrara una votación tras meses de negociaciones entre los legisladores. Los operadores de Polymarket asignaban entonces al proyecto una probabilidad aproximada del 30 % de convertirse en ley en 2026, frente al 82 % de febrero. Tras el fracaso de la moción de clausura, la probabilidad cayó al 7 % desde el 31 % del día anterior.

La incertidumbre regulatoria podría retrasar los productos de criptomonedas

Matt Price, director de alianzas globales de la plataforma de monedas estables WasabiCard, afirmó que la votación dejó a las empresas con las mismas dudas de clasificación y jurisdicción que tenían antes de que actuara el Senado.

«El fracaso para avanzar con CLARITY deja al sector con el mismo problema básico que tenía antes de la votación», dijo Price. «Las empresas siguen sin tener una respuesta clara sobre cómo se clasificarán algunos productos de activos digitales o qué normas se aplican».

Sin una división de competencias definida, Price prevé que las empresas dediquen más tiempo a buscar asesoramiento jurídico antes de invertir capital en productos. Algunas podrían retrasar un lanzamiento o un acuerdo comercial porque no quieren que un regulador adopte una opinión diferente después de que el producto salga al mercado, añadió.

Las dudas sobre si la SEC o la CFTC tienen jurisdicción también pueden afectar a las decisiones de financiación y a las negociaciones entre empresas de criptomonedas, según Price. Espera que algunas asociaciones y lanzamientos se pospongan por ese motivo.

Los bancos y las empresas de pagos podrían actuar con una cautela similar, dijo Price, porque necesitan entender las obligaciones de cumplimiento asociadas a un proyecto de activos digitales y si los reguladores podrían cambiar los requisitos aplicables después del lanzamiento.

«Esto podría frenar la innovación y la adopción en el mercado», afirmó.

La votación fallida también ha aumentado la presión sobre los reguladores federales. El expresidente de la CFTC, Chris Giancarlo, dijo que la SEC y la CFTC podrían seguir elaborando normas en virtud de sus mandatos actuales, según un informe del 16 de septiembre.

El consejero delegado de Coinbase, Brian Armstrong, hizo un llamamiento similar tras la votación, afirmando que el sector ya no podía esperar al Congreso e instando a ambos organismos a utilizar las herramientas de que ya disponen. El consejero delegado de Ripple, Brad Garlinghouse, también pidió a los reguladores que llenaran el vacío legislativo.

La acción de los organismos no puede resolver todas las cuestiones contempladas en el proyecto de ley. En particular, las normas de la SEC por sí solas no pueden establecer una división estatutaria de competencias entre la SEC y la CFTC, según el informe del 16 de septiembre.

La H.R. 3633 sigue en el calendario del Senado, y el voto de procedimiento de Tillis permite otro intento de clausura. El senador John Kennedy dijo que la medida podría volver durante una sesión de pato cojo tras las elecciones de noviembre, mientras que el senador Ted Cruz la describió como «prácticamente muerta».

Cualquier cambio aprobado por el Senado requeriría aún más medidas de la Cámara antes de que la legislación pudiera llegar al presidente. Un calendario reducido de la Cámara ha disminuido el número de días de votación disponibles antes de que los legisladores abandonen Washington.

Las normas extranjeras sobre monedas estables plantean una prueba de cumplimiento aparte

Konstantins Vasilenko, cofundador y director de desarrollo de negocio de Paybis, exchange de criptomonedas con licencia MiCA, afirmó que la incertidumbre regulatoria también se extiende a los negocios de monedas estables que operan entre Estados Unidos y Europa.

Según Vasilenko, las autoridades estadounidenses están determinando cómo se aplicarán los requisitos nacionales sobre monedas estables a los emisores extranjeros, mientras que los responsables políticos europeos estudian cómo tratar la supervisión realizada fuera de la Unión Europea.

En virtud del Reglamento sobre Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la UE, un emisor debe demostrar que posee autorización, gestiona sus reservas y puede atender las solicitudes de reembolso, dijo Vasilenko. La prueba de orden lícita del Tesoro de EE. UU. plantea una cuestión diferente: si un emisor extranjero puede ejecutar una orden estadounidense para congelar activos.

«Hasta dónde debe llegar una plataforma para satisfacer esa comprobación sigue abierto», afirmó.

El Tesoro ha planteado dudas sobre los contratos inteligentes y funciones como «congelar», «incautar» y «quemar», según Vasilenko. Una revisión de cumplimiento puede establecer si un emisor tiene la capacidad técnica y el proceso interno para responder a una orden lícita, pero no puede garantizar cómo responderá la empresa en todos los casos futuros, añadió.

Vasilenko pidió al Tesoro que declarara qué pruebas satisfarían su revisión. Unas normas claras ayudarían a los exchanges y proveedores de monederos a evaluar las monedas estables extranjeras antes de ponerlas a disposición de clientes sujetos a las normas estadounidenses, según sus comentarios.

Europa está estudiando por separado cuánta confianza pueden depositar sus reguladores en la supervisión realizada en otra jurisdicción. Vasilenko afirmó que el reconocimiento mutuo debería evaluarse requisito por requisito, en lugar de concederse mediante una única decisión de carácter general.

Cuando las autoridades estadounidenses y europeas planteen la misma cuestión de cumplimiento, una sola respuesta debería ser suficiente, dijo. Cuando los requisitos difieran, como ocurre con la capacidad de seguir una orden lícita estadounidense, Vasilenko afirmó que las plataformas y los emisores tendrían que completar ambas comprobaciones.