Cataluña enfrenta el desafío crítico: convertir megavatios renovables del papel a la realidad energética

La transición energética se estrella contra la burocracia.

MEGAVATIOS EN EL LIMBO

Cataluña acumula proyectos renovables que podrían alimentar medio país—sobre el papel. Los trámites administrativos estrangulan la implementación real. Permisos que se eternizan, regulaciones contradictorias, comunidades locales que se resisten.

LA CARRERA CONTRA EL RELOJ

España necesita esos electrones verdes ahora, no en la próxima década. Los inversores miran el calendario—y sus balances—con creciente preocupación. Mientras tanto, los objetivos climáticos se alejan como un espejismo en el desierto.

¿SOLUCIÓN O NUEVO PROBLEMA?

Algunos apuestan por agilizar procedimientos, otros por incentivos fiscales. Todos coinciden en una cosa: sin acción concreta, los megavatios seguirán siendo tinta sobre documentos. Como esos fondos de inversión que prometen rendimientos astronómicos—hasta que revisas la letra pequeña.

El futuro energético de Cataluña pende de un hilo burocrático.

Pocos megavatios instalados

Este hecho explica parcialmente la enorme diferencia entre el número de 3.444 megavatios (MW) solares autorizados, de los que solo 441 MW estaban conectados en octubre de este año, y de 2.242 MW eólicos autorizados, de los que 1.406 están conectados. Se trata, por lo tanto, de parques que ya han superado el proceso de autorización y que, si se pueden construir, permitirán aumentar la potencia renovable instalada de manera rápida. Actualmente, Cataluña solo cuenta con 440 MW de potencia solar instalada y 1.406 MW de eólica, según datos de Red Eléctrica de España.

"Queda pendiente lograr un despliegue efectivo de la eólica terrestre en Cataluña. A pesar del nuevo marco del Decreto 22/2025, el ritmo actual de tramitación no permite cumplir los objetivos europeos de renovables ni el mandato comunitario de acelerar la transición energética. Es imprescindible consolidar un entorno administrativo ágil, previsible y coordinado entre departamentos y niveles de la administración, que elimine las barreras que hoy siguen ralentizando los proyectos", señala Víctor Cusí, presidente de EolicCat, en conversación con elEconomista.es.

En opinión de Cusí, la desaparición del interés público superior (IPS) del articulado -respecto al primer texto que el Ejecutivo catalán se vio obligado a retirar por falta de apoyos para su convalidación en el Parlament- plantea el riesgo de que la agilización quede en el plano declarativo.

Implantación del PLATER

"Es esencial que la Generalitat lo refuerce mediante instrucciones y actuaciones administrativas que asuman este principio de forma efectiva, dado que el IPS no es una opción política, sino una obligación derivada de las directivas europeas", argumenta. Desde el sector señalan que la comunidad debe cerrar el Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER) cuanto antes y convertirlo en una herramienta que facilite la implantación de proyectos, con garantías para todas las partes implicadas que evite la inseguridad jurídica y su instrumentalización.

De este modo, en la línea de conseguir pasar de proyecto renovable autorizado a proyecto renovable conectado para alcanzar un aumento de la potencia renovable en Cataluña, la nueva normativa, que aún debe ser convalidada, recoge la imposibilidad de que los ayuntamientos apliquen suspensiones generales al otorgamiento de licencias con prohibiciones totales. Desde el Ejecutivo catalán indican que los ayuntamientos tienen un papel clave en la implementación del PLATER y que sí podrán establecer zonas donde no quieran renovables, siempre que sea dentro de su término municipal. No obstante, no se permitirá la adopción de prohibiciones totales y generales a los proyectos renovables, ya que esta sería contraria a los objetivos de crecimiento en fuentes de energía 'verdes'.

¿En riesgo la consecución de objetivos?

Por su parte, la bajada de los precios de la electricidad ha provocado que algunos inversores y el sector bancario establezcan criterios más exigentes para invertir en renovables o para financiarlas. Esta situación favorece que algunos promotores decidan abandonar sus proyectos y, por lo tanto, que se pierda todo el esfuerzo de tramitación y el punto de conexión de la instalación, poniendo en riesgo la consecución de los objetivos de implantación de renovables para el año 2030.

Por este motivo, desde la Generalitat apuestan por medidas que aseguren la finalización rápida de las plantas, con el fin de evitar que proyectos que se encuentran en un estado avanzado de tramitación acaben en desistimiento. Hay 93 proyectos renovables a día de hoy, que suman 945 MW, que han renunciado a sus autorizaciones, y esta cifra sigue subiendo ante la imposibilidad de traspasar las autorizaciones a terceros. Así, ahora se permitirá aunque no estén puestos en servicio.

La normativa catalana estableció, mediante el Decreto ley 16/2019, la imposibilidad de transmitir la autorización energética de una instalación de generación hasta que la instalación contara con el acta de puesta en marcha definitiva. Esta medida, adoptada en un momento de mucho interés inversor en renovables, pretendía impedir que la transmisión de permisos se convirtiera en una actividad especulativa que generara sobrecostes y rechazo territorial por los múltiples cambios de dueños de los proyectos. Sin embargo, en el momento actual de precios de la energía muy bajos o incluso negativos por la entrada de las renovables en el sistema eléctrico, la situación es justamente la contraria.

"Se hace necesario crear los mecanismos jurídicos para garantizar que los inversores que obtienen una rentabilidad más baja de la necesaria para hacer el proyecto o los que no consiguen del banco la financiación necesaria para invertir, puedan transmitir esta autorización, de forma que el proyecto y toda la tramitación hecha hasta el momento de la transmisión se puedan mantener en caso de que, si se encuentra algún inversor con más visión de largo plazo o exigencias de rentabilidad más bajas, pueda continuar la tramitación y construcción del proyecto", refleja el texto recientemente aprobado.

Impulso al autoconsumo

"Con la aprobación de este decreto ley, Cataluña se coloca en una posición de liderazgo en la regulación de la autorización de proyectos de almacenamiento electroquímico con baterías tanto para la hibridación con la generación renovable como para la acumulación estacionaria", apunta Salvador Salat, delegado de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) en Cataluña.

También resalta que se da un paso importante para el relanzamiento del autoconsumo gracias a medidas de flexibilidad para proyectos de autoconsumo industriales y colectivos y la regulación por primera vez en el territorio peninsular de una regulación específica para ordenar el despliegue de las comunidades energéticas. Es especialmente importante el reconocimiento que los proyectos de autoconsumo en comunidad pueden tener un factor de aceptación social equivalente a la propia participación directa en los proyectos de la ciudadanía.